Los primeros años del Instituto Estatal Electoral y la experiencia de las elecciones intermedias de 2001

El 31 de octubre del año 2000 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el decreto mediante el cual se expidió el Código Electoral que sustituía a la Ley hasta entonces vigente. De este modo, el anterior Consejo Estatal Electoral devenía en un auténtico órgano independiente, con autonomía financiera, administrativa y de gestión, para llevar a cabo la importante responsabilidad de dirigir las elecciones locales y municipales. Por su parte, el Congreso del Estado refrendó a los siete consejeros en funciones, y en la primera sesión ordinaria, éstos designaron al suscrito como secretario técnico del Consejo General, integrado también por un representante de cada uno de los partidos políticos acreditados, y otro del entonces Instituto Federal Electoral. Los consejeros eran: Luciano Tlachi Lima (presidente), María Francisca Armería Pérez, José Bassol Jirasch, Daniel Gutiérrez Castorena, José Francisco Guzmán Bosque, Jesús Eduardo Martín Jáuregui y Alfonso Pérez Romo; un conjunto de personajes destacados en sus campos profesionales, académicos o empresariales que a la postre recibió el reconocimiento público por su profesionalismo, transparencia, imparcialidad y eficacia en el desempeño de su misión.

La experiencia única e irrepetible de ejercer la primera secretaría técnica del Instituto es tan vasta que daría elementos para escribir un libro de vivencias, retos y satisfacciones, salvados por el exitoso resultado final que arrojó el proceso para los objetivos de la propia institución; en buena medida, en la Memoria del Proceso Electoral 2001 se consignaron algunas experiencias, junto con los resultados concretos de cada elección y las estadísticas correspondientes. Por lo tanto, me concretaré a consignar algunas experiencias personales que se mantienen vivas en el recuerdo, y que marcaron el tono del primer proceso en que intervendría el flamante Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Veamos:

En las elecciones del 5 de agosto de 2001 por primera vez en la historia se instalaron 1,045 casillas y acudieron a las urnas casi 275,000 ciudadanos inscritos en el padrón. La jornada transcurrió con absoluta calma, sin mayores incidentes, gracias a una ciudadanía consciente de su responsabilidad cívica. Los medios de comunicación cumplieron a cabalidad su importante tarea de difundir los diversos aspectos de la jornada; los incidentes fueron el retraso en la apertura de algunas casillas, que se resolvió en todos los casos. Al final del proceso y de las impugnaciones que las leyes permiten, los partidos políticos acataron los resultados que dieron las urnas o las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales.

Un importante aspecto fue que a pesar de tratarse de una nueva legislación que pretendía actualizar la abrogada, resultó con serias y recurrentes lagunas que la práctica del proceso debía solventar, bajo el principio de que no puede eximirse la aplicación de la ley por falta de norma expresa o ante una contradicción interpretativa; son tantas las cuestiones de la praxis electoral que es imposible que la ley resuelva cada detalle, máxime que las legislaciones electorales con órganos independientes y procedimientos sujetos a principios eran de reciente creación, y el Derecho Electoral se mantenía en pleno proceso evolutivo. Este hecho demandó una acción permanente de elaboración de acuerdos mediante los que se llenaran vacíos y se resolvieran temas; así, cada proyecto de acuerdo requería explicar y convencer plenamente a los siete consejeros, a fin de que con solvencia jurídica y moral pudieran votarlos y fuera avanzando el proceso; en este rubro, lo más destacable fue que uno de los consejeros frecuentemente estaba en desacuerdo con el criterio de sus colegas, lo que hacía imposible o muy difícil lograr acuerdos por unanimidad.

Otra experiencia fue la constante práctica de un partido minoritario de impugnar todos los acuerdos, bajo el argumento de que era importante que se conociera el criterio de las autoridades jurisdiccionales; a la postre, esta circunstancia obró a favor del proceso y del Instituto, puesto que uno por uno fueron siendo consolidados los criterios y acuerdos mediante las sentencias de los tribunales electorales, tanto local como federal. En lo personal, he de reconocer que aquel sistemático accionar impugnador y contestatario, que parecía buscar el descarrilamiento del proceso, por sus resultados favorables al Instituto sirvió para consolidarlo en cada una de sus etapas, abundó a la transparencia y abonó finalmente a la confianza ciudadana y de los partidos hacia la solvencia jurídica y técnica del árbitro electoral.

No obstante los desvelos, el estrés comicial y las presiones laborales en que todas las horas son hábiles, mi conclusión como secretario técnico fue haber vivido una experiencia maravillosa y única, a la que valió la pena haberle dedicado ese tiempo de vida en que el mundo se vuelve una abstracción para solamente vivir paso a paso la gestación del proceso electoral. En esa labor jamás estuve solo, pues éramos un gran equipo que teníamos la confianza del Consejo General y de su presidente; ese mismo equipo en que a comienzos del proceso se incorporó como mi asistente una jovencita que pronto demostró su prudencia, laboriosidad e inteligencia, la cual haría servicio profesional electoral hasta ocupar el máximo escalafón del Instituto, para orgullo de su familia y de todos nosotros sus primeros compañeros. Así de sólidas y profundas son las raíces de tan noble institución.